Según dispone el artículo 22 de la Ley 17/67, de 8 de abril: “no se permitirán otros usos de los estupefacientes que los industriales, terapéuticos, científicos y docentes autorizados”. Conforme al artículo 8.1 de la citada Ley: “ninguna persona natural o jurídica podrá dedicarse al cultivo...ni aún con fines de experimentación, sin disponer de la pertinente autorización”.

Conforme a nuestras antiguas Ordenanzas de Farmacia de 1860, por aquél entonces, los derivados del cannabis eran comercializados normalmente en los establecimientos de farmacia. Luego, desde comienzos del Siglo XX, las Naciones Unidas, preocupadas por la salud física y moral de la Humanidad, empezaron a imponer límites y restricciones al uso o consumo de cannabis como medicamento.

Con la aprobación del Convenio de Ginebra de 1925 sobre restricción en el tráfico de opio, morfina y cocaína, la comunidad internacional, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud -cuyos expertos afirmaron que no existía justificación para el uso médico de los derivados del cannabis, calificándolos de obsoletos- optó por el olvido y la fiscalización.

Así, por Resolución del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas de 12 de julio de 1954, se advertía que los preparados a base de cannabis no venían incluidos en la farmacopea internacional y que habían sido suprimidos de la gran mayoría de las farmacopeas nacionales, recomendando a los Estados que seguían haciendo uso de los mismos con propósitos médicos que impidiesen o evitasen su utilización tan rápidamente como fuere posible.

En esta filosofía, contraria al uso del cannabis terapéutico, el Convenio Único de 1961 limitaba el uso del cannabis a fines médicos y científicos, estableciendo cauces de constante cooperación y fiscalización internacional para lograr la erradicación del consumo no terapéutico. Dicha Convención fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por medio de la Ley 17/67, de 8 de abril, sobre estupefacientes. Este contexto normativo demonializó la eficacia terapéutica tradicional del cannabis, condenándola al olvido.

Superados esos planteamientos, en la actualidad, son muchas las reputadas fuentes, estudios, investigaciones e informes científicos, médicos y farmacéuticos existentes, que permiten atribuir ciertas virtudes y propiedades terapéuticas a la especie vegetal botánicamente conocida por “Cannabis Sativa L.”, y/o a sus derivados, siendo, por ende, que dicha especie vegetal viene incluida en la Orden Ministerial de 28 de enero de 2004 sobre plantas medicinales (vid. Web del Colegio de farmacéuticos de Barcelona, Fundación Catalana de Farmacología, Informe de la Cámara del Parlamento británico o el del Parlamento canadiense). Y, sin duda, algunos acontecimientos recientes apuntan hacía un nuevo enfoque global para el cannabis terapéutico.

El punto de partida, el 19 de octubre de 2009, fecha elegida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para la publicación de un “Memorandum” con directrices oficiales respecto a la investigación y procesamiento criminal en casos de uso de la marihuana con fines médicos o terapéuticos en aquellos estados americanos en los que han sido aprobadas leyes estatales al respecto. La “Administración Obama” no legaliza la marihuana, pero descriminaliza el uso terapéutico acreditado desarrollado conforme a las leyes estatales.

Las nuevas directrices de la política antidrogas americana imponen la aplicación de la Ley de Sustancias Controladas en todos los Estados, persiguiendo su distribución y venta ilegal, pero sin persecución de los particulares cuyas acciones cumplan las leyes estatales que permiten y regulan el uso médico de la marihuana, excluyendo de enjuiciamiento criminal a aquellas personas con cáncer u otras enfermedades graves que recurran al uso de marihuana, o la utilicen como parte de un régimen de tratamiento recomendado, conforme con las leyes estatales aplicables.

Lejos de ello, en nuestro Estado de las Autonomías la situación de la marihuana terapéutica es muy distinta. Sin regulación específica, con la entrada en vigor de la Orden nº 190, de 28 de enero de 2004, respecto de la fiscalización y control de las plantas medicinales -incluida la planta de cannabis- el Ministerio de Sanidad y Consumo estableció la lista de plantas cuya venta al público quedaba prohibida o restringida por razón de su toxicidad, limitando su uso y comercialización a la elaboración de especialidades farmacéuticas, fórmulas magistrales, preparados oficinales, cepas homeopáticas y a la investigación. Tampoco existen en nuestro sistema jurídico directrices generales por las que nuestra Fiscalía General del Estado excluya de enjuiciamiento criminal los casos de uso terapéutico o compasivo del cannabis.

No obstante, conforme a nuestra vigente legislación, la obsoleta Ley 17/67, de 8 de abril, parece posibilitar cauces legales para la marihuana terapéutica. La citada Ley, en su artículo 22, establece que “no se permitirán otros usos de los estupefacientes que los industriales, terapéuticos, científicos y docentes autorizados”, disponiendo, en su artículo 8.1 que “ninguna persona natural o jurídica podrá dedicarse al cultivo… ni aún con fines de experimentación, sin disponer de la pertinente autorización”.

Con fundamento en las mencionadas normas, atendida la existencia de multitud de informes y documentos, emitidos por profesionales o instituciones, científicas y/o médicas de reconocido prestigio, por los que se atribuyen, unas u otras, propiedades o virtudes terapéuticas al uso de marihuana, a fin de evitar la criminalización de casos particulares de cultivo o tenencia privada animados en un uso terapéutico, en nuestro entorno se aboga por la idoneidad del procedimiento administrativo de solicitud de autorización a la Agencia Española del Medicamento como vía legal de normalización del uso terapéutico individual de cannabis, pues, al menos, dicha solicitud formal, en caso de iniciación de causa penal, pueda constituir sendo contraindicio de la finalidad de tráfico ilegal constitutiva del delito tipificado por el artículo 368 del Código Penal.

En esta línea, en informe doctrinal elaborado por el Fiscal, D. F. Sequeros Sazatornil, se mantiene que: “con independencia de que los actos de cultivo puedan resultar irrelevantes penalmente por hallarse la droga preordenada al propio consumo, siempre que la planta posea concentración del principio activo será necesaria autorización para su cultivo, pudiendo reportar su infracción la correspondiente sanción administrativa. Cultivo que sólo podrá llevarse a cabo legalmente en España con la autorización de la División de Estupefacientes de la Agencia española del Medicamento, adscrita al Ministerio de Sanidad y Consumo, por lo que la puesta en marcha de dicho cultivo, al margen de dicho requisito, tendrá además y en principio, al menos indiciariamente, la consideración de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes”.