Juicio Oral

Alcanzado el juicio oral no caben valoraciones apriorísticas, cada persona sufre el procedimiento penal a su manera, y en cada caso concreto, la condena o absolución, será un dilema a resolver por el Juez de lo Penal que celebre el acto del plenario, a quien viene encomendada la función de dictar sentencia y absolver o condenar al cultivador sometido a enjuiciamiento.

Al tiempo de dictar sentencia, para determinar cuando una concreta cantidad de sustancia dispuesta para consumo inmediato excede las provisiones normales destinadas al autoconsumo, suele atenderse a las dosis de consumo diario estandarizado o normal de un consumidor alto, fijadas, de conformidad con la Circular 1/1984 de la Fiscalía General del Estado y el Acuerdo de 19 de octubre de 2001 del Tribunal Supremo, en cantidades que oscilan entre 15 y 20 gramos de marihuana. En esta línea, nuestros Tribunales suelen aceptar el almacenamiento y las provisiones para autoconsumo por plazos máximos de entre cinco y diez días.

No obstante, cuando lo que se interviene en un caso concreto no es una cantidad de producto estupefaciente apta o dispuesta para consumo inmediato sino un determinado número de plantas de cannabis resultado de una actividad de cultivo privado, el criterio expuesto pierde virtualidad para determinar la relevancia penal de la conducta, no bastando, según tiene declarado nuestro Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia, con la aplicación de criterios de absoluto automatismo respecto de la cantidad de sustancia intervenida.

En supuestos de cultivo de cannabis, en los que lo intervenido resulta ser un concreto número de ejemplares botánicos que arrojan una concreta cantidad de material vegetal con altos porcentajes de humedad, la finalidad del cultivador suele entenderse directamente proporcional a la entidad y dimensiones del cultivo que desarrolla. No obstante, en relación a este extremo, se plantean dos diferentes problemáticas, que desembocan en la indefensión e inseguridad jurídica del cultivador privado de cannabis con exclusivo destino al autoconsumo.

En primer lugar, las que pueden derivarse de la intervención de cantidades inicialmente encuadrables en supuestos de notoria importancia, agravante específica que, por Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2001, exige la ocupación, al menos, de diez kilogramos de marihuana, aunque algunas resoluciones admitan cantidades de hasta doce kilogramos y medio (Sentencias de 27 de marzo, 15 de mayo y 10 de julio de 2012 de la Audiencia Provincial de Barcelona).

El segundo problema, en íntima relación con lo anterior, radica en la inexistencia de criterios jurisprudenciales homogéneos y uniformes para concretar la cantidad de estupefaciente marihuana que puede obtenerse del desarrollo de una concreta actividad de cultivo de plantas de cannabis, extremo que, en última instancia, dependerá, en cada caso concreto, de los criterios empleados por el Laboratorio oficial que emita los correspondientes informes en la causa penal, que deberán, en todo caso, acomodarse a los protocolos legalmente aplicables.