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El inicio de la causa penal, normalmente, se produce a consecuencia de intervención policial, consistente en la ocupación de los ejemplares botánicos de cannabis cultivados sin la correspondiente autorización administrativa, siendo habitualmente necesaria la práctica de diligencia de entrada y registro en el domicilio o lugar privado en que se encuentren las plantas.

La actuación policial en un domicilio particular sólo es constitucionalmente admitida si existe Auto motivado dictado por la Autoridad judicial, o en su defecto, previo consentimiento del titular, a salvo casos de flagrante delito.

Producida la intervención de las plantas de cannabis, para determinar la relevancia penal de cualquier conducta de cultivo los jueces y magistrados del orden penal suelen atender a ciertos hechos y datos, así como a la concurrencia, o no, de un conjunto de “indicios de tráfico”, generalmente instaurados en la práctica judicial.

Entre tales indicios destacan:

  • Las concretas características y dimensiones del cultivo, especialmente en casos de cultivos indoor.
  • El número de plantas intervenidas y la cantidad de sustancia que pudiera obtenerse de las mismas.
  • La falta de acreditación de la condición de consumidor del cultivador o poseedor.
  • La existencia o inexistencia de antecedentes desfavorables.
  • La ocupación de útiles, instrumentos o efectos adecuados a una finalidad de traficar.
  • La existencia o inexistencia de medios de vida del cultivador.
  • La actitud y manifestaciones al momento de producirse la ocupación.

Practicadas las necesarias diligencias de investigación por el Juzgado de Instrucción, puede acordarse el sobreseimiento de las actuaciones, lo que implica el archivo de la causa y su terminación, sin juicio oral, y en consecuencia, sin imposición de pena alguna para el cultivador imputado.

Por el contrario, de formularse escrito de acusación por el Ministerio Fiscal, ello conllevará la apertura de juicio oral contra el cultivador como presunto autor, acusado de la comisión de delito contra la salud pública en la modalidad de cultivo de sustancias que no causan grave daño a la salud, previsto y penado por el artículo 368 del Código Penal, siendo remitida la causa al órgano competente para el enjuiciamiento, normalmente, el Juzgado de lo Penal, órgano judicial ante el que, en la fecha que se señale, se celebrará el juicio oral.