El artículo 368 del Código Penal dispone: “Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artículos 369 bis y 370”.

El artículo 368 del Código Penal, buscando evitar cualquier vacío legal, configura los delitos de tráfico de drogas con amplitud, dando cabida a muy distintas conductas.

Cuando se trate de sustancias que no causen grave daño a la salud, entre las que la jurisprudencia penal incluye el cannabis de forma unánime, la citada norma recoge el tipo básico del delito de tráfico de drogas y castiga -con penas de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo del valor de la droga intervenida- a quienes ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de cualquier otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines. Cuando no concurran circunstancias agravantes “los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable”.

Según Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1984 el delito se integra por la promoción y el favorecimiento del consumo ilegal, lo que equivale a “fomentar, impulsar, desarrollar, amparar, colaborar o hacer más cómodo, más sencillo, el uso de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas”, pues, como deja claro la posterior Sentencia de 17 de marzo de 1994 “por consumo ilegal ha de entenderse toda utilización de la droga por diversas vías orgánicas que no sea aquella que esté expresamente autorizada por tener finalidad terapéutica o positiva para la salud”.

En esta línea, en Sentencia de 17 de noviembre de 1997, el Tribunal Supremo señala que “estos delitos incriminan conductas peligrosas según la experiencia general, resultando punibles sin necesidad de poner en peligro concreto el bien jurídico protegido. Desde esta perspectiva el cultivo de plantas que producen materia prima para el tráfico de drogas es un acto peligroso para la salud pública aunque no se haya llegado a crear un peligro concreto”.

Con base al artículo 368 del Código Penal, a diario ocurre que las plantas de cannabis, privada y discretamente cultivadas, por muchos cultivadores, en cuanto susceptibles de producir sustancias estupefacientes de tráfico prohibido, son intervenidas por efectivos policiales, iniciándose actuaciones penales por presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas, consistente en la realización de actividades de cultivo de cannabis sin las oportunas autorizaciones administrativas, contra el cultivador. En tales supuestos, la existencia de delito contra la salud pública, y en su caso, la concreción de las penas de prisión y multa a imponer, dependerá de las concretas circunstancias concurrentes en el hecho y su autor.

Número de plantas o peso bruto Cantidad útil estimada Penas solicitadas por el Ministerio Fiscal en escrito de acusación
12 plantas 641 gramos 3.538 € multa y 2 años de prisión
8 plantas / 11.710 gramos 3.262 gramos 15.000 € multa y 1 año y 6 meses de prisión
4 plantas / 2130 gramos 563 gramos 2.000 € multa y 1 año y 6 meses de prisión
3 plantas / 3.516 gramos 956 gramos 8.000 € multa y 2 años de prisión
2 plantas / 1.897 gramos 858 gramos 5.000 € multa y 2 años y 3 meses de prisión